M: Te veo preocupado mi querido Adamo!
A: Es que el daño que el caso Odebrecht está haciendo al país va más allá del tema económico: ha puesto en duda el valor e importancia para el Perú de realizar proyectos en alianzas público privadas, lo cual es nefasto.
M: Yo ya te lo había dicho antes: las APP no son ninguna panacea como creen los liberales. Por el contrario, generan un montón de problemas, sobrecostos para los consumidores y promueven la corrupción. Yo prefiero el esquema tradicional de obra pública.
A: Baah…Ni las obras ni las APPs son corruptas per se, las corruptas son las personas. ¿O tú crees que con obras públicas se acaba la corrupción? ¡Podría ser peor!
M: Según José Luis Guasch, experto en APP del Banco Mundial, el contexto bajo el cual se desarrolló las APP en el Perú y la región ha propiciado las oportunidades para prácticas corruptas. No es solo un tema de personas sino también de cómo se desarrolló el sistema. Solo deberían hacerse APP cuando la única forma de llevar adelante la obra es a través de la colaboración público-privada.
A: ¿Por qué ser tan restrictivo?
M: Porque si la APP no aumenta la eficiencia o reduce el costo o el riesgo para el sector público, entonces es un “engaña muchachos” que solo beneficia al privado.
A: Concuerdo con Guasch en que muchos de los proyectos se lanzaron muy crudos, sin un mínimo de rigurosidad en los estudios de prefactibilidad. Eso da pie y justifica la necesidad de sucesivas adendas. Dicho sea de paso, la eliminación del SNIP no ayudará para nada.
M: Las adendas son una manifestación de un sistema ineficaz. Es ahí donde se generan las rentas sustancialmente mayores a las establecidas en los contratos originales. Además, como se negocian bilateralmente en forma poco transparente se vuelven proclives a la corrupción.
A: Pero no puedes negar que tiene que existir un procedimiento que permita suscribir adendas apropiadas debido a la larga duración de los proyectos. Ese procedimiento debe ser transparente y colegiado e incluir al organismo regulador y al MEF.
M: Lo cierto es que rara vez los gobiernos deniegan una petición de adenda si la amenaza es la cancelación del proyecto o la resolución del contrato. Guasch menciona que solo un 3% de los proyectos de APP en el mundo se ha cancelado.
A: Pero renegociación no es sinónimo de corrupción…
M: Mira Adamo, en el Perú cerca del 80% de las APP se han renegociado, y no una, sino varias veces. Solo en el caso de la IIRSA Sur se han firmado 22 adendas. Eso es un escándalo! Esto es un indicador de la disfuncionalidad del sistema y la irrelevancia tanto de las bases del concurso como del contrato original. Por eso sostengo que mejor es la obra pública. Nos evitamos los sobrecostos de la corrupción y el margen de los concesionarios, pues el Estado no busca el lucro como los privados.
A: Es imposible cerrar la brecha de infraestructura sin la colaboración de los privados. Tu visión de que el Estado es impecable y más eficiente que los privados es pura fantasía.
M: En el caso del aeropuerto de Chinchero, el Estado estaría pasando a asumir el 81% del financiamiento del proyecto vs. el 29% que era el compromiso original y encima se compromete a darle un adelanto de US$ 40 millones al concesionario para el inicio de obras. Otro escándalo!
A: Pero no quiero ni imaginar cuál podría ser el nivel de ineficiencia, sobrecostos y también corrupción de hacer el aeropuerto como obra pública…¿Ya no te acuerdas como era el Jorge Chávez?
M: Estamos de acuerdo es que la corrupción impone un lastre para las economías emergentes. De acuerdo con el Banco Mundial, el ingreso promedio en países con un alto nivel de corrupción es alrededor de un tercio del correspondiente a los países con bajo nivel de corrupción. Y el Perú está catalogado como país con alta corrupción de acuerdo a Transparencia Internacional.
A: En efecto, las economías corruptas no pueden funcionar adecuadamente porque se distorsionan las leyes naturales de la economía, imponiendo distorsiones y sobrecostos.
M: La pregunta del millón es cómo reducimos la corrupción. La teoría económica sugiere que aumentando los sueldos a los funcionarios públicos se podría limitar, pues al aumentar el costo de oportunidad de ser pillado y despedido, se debería reducir el incentivo a realizar estos actos. ¿Qué opinas?
A: Un estudio de Foltz y Opoku-Agyemang para la London School of Economics muestra que los policías en Ghana cobraban más coimas después que les aumentaron los sueldos. Subir los sueldos no basta. Hay elementos culturales que requieren de generaciones enteras para modificarlos. Quizá una mezcla de mayores sueldos, liderazgo político y penas más duras podrían ser un mix adecuado, como en Singapur.
M: Tienes razón en la necesidad de liderazgo político y penas más duras para los corruptos. Pero aquí, donde nunca caen los peces gordos, el riesgo de ser castigado es tan bajo que el incentivo para la corrupción es sumamente atractivo.
A: De acuerdo. Volviendo al tema inicial, aquí lo importante es fortalecer la figura de la APP como una fórmula útil para cerrar la brecha de infraestructura. Finalmente, se trata de defender la economía de mercado y la libertad económica. Si no separamos la paja del trigo, estaremos alimentando a los fuerzas que dicen “todo este sistema económico está podrido”.
M: Si llamas antisistema a denunciar las APP por abusivas, por generar sobrecostos, por ser poco transparentes y por incentivar la corrupción, entonces me declaro antisistema. Abandonemos de una vez esta visión neoliberal y regresemos al esquema de obra pública bien diseñada y ejecutada sin la parafernalia de las APP. ¿Cómo crees que se hicieron las grandes unidades escolares, la Panamericana y la Atarjea?
A: Parece que no nos entendemos…
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