M: Durante la
campaña se planteó la figura del “adelanto social” o que se realicen obras para
las comunidades aledañas a los proyectos mineros de manera que puedan disfrutar
por adelantado de los beneficios de la minería, reduciendo la conflictividad
social y facilitando así la ejecución de los proyectos. Creo que es una buena
idea.
A: Concuerdo en
que si los beneficios no llegan a la población circundante y afectada por la
actividad minera, no se podrá destrabar los proyectos mineros, como Conga o Tía
María. Pero tengo serias dudas respecto de que ésta sea la mejor manera…
M: ¿Cuáles son
tus dudas?
A: No me atrae
la idea de gastar por adelantado aquello que no se tiene. Más beneficioso sería
modificar la Ley de Canon para que se reparta directamente a la población y no
a los gobiernos locales los beneficios de la minería. Capitalismo directo mi
querido Maynardo.
M: ¿Estás
pensando en un canon repartido directamente a los pobladores como en Alaska?
A:
Precisamente, y para ello solo basta privatizar el subsuelo y otorgar la respectiva
titulación. Esto permitiría que cada poblador negocie directamente con la
empresa minera el derecho de uso o la compra de terrenos y que cada poblador
reciba directamente un cheque por concepto de canon. Esto es mucho mejor que el
esquema actual donde la “comunidad campesina” es quien negocia y administra los
recursos. Estos entes colectivistas han demostrado que solo funcionan en las
utopías de izquierda pero no en la realidad.
M: Yo no creo que esa sea
la solución. ¿Qué razón tienes para pensar que darle dinero a los pobladores es
mejor que diseñar y ejecutar buenos proyectos de inversión para las
comunidades? Lo que probablemente sucedería es que la gente dirija estos ingresos
al consumo sin dejar nada para la comunidad, privilegiando el beneficio
individual y no el colectivo. Además tu propuesta es poco práctica porque
requeriría un cambio constitucional.
A: Si es necesario cambiar
la constitución pues hay que hacerlo. Además, no estoy planteando que los
gobiernos subnacionales reciban cero de canon, solo que una parte de los
recursos que hoy reciben por este concepto se convierta en pagos individuales a
los pobladores, generando los incentivos correctos para facilitar la inversión
minera.
M: Esa es una utopía
liberal que funciona en libros de texto o en Alaska pero no en la sierra
peruana. Para empezar, no existe titulación y nadie sabe a ciencia cierta de
quién son los terrenos o si son simplemente colectivos. Segundo, es casi
imposible identificar quién vive dónde para no hablar de la migración. Además, con
estos incentivos mucha gente regresaría a instalarse cerca de las minas generando
así mayor conflictividad. Finalmente, ¿dónde pones el límite de quiénes compensas?
¿A los de la comunidad, el distrito, la provincia…?
A: La ausencia de derechos de propiedad
individuales, característico de las comunidades ancestrales, es una barrera al
desarrollo y a la eficiencia económica.
M: Bla, bla, bla. Los principales opositores a los
grandes proyectos mineros ni siquiera viven cerca de las minas. La comunidad de
Porcón – vecina de Yanacocha – ha tenido una relación amigable y simbiótica con
la mina; en cambio, la oposición a Conga provino de zonas lejanas al radio de
influencia del proyecto.
A: ¿Cuál es tu receta entonces mi querido “progre”?
M: El problema nace con la ausencia de Estado y la
falta de servicios públicos que ahora las comunidades demandan a los
inversionistas. Paradójicamente, el actual gobierno desmanteló el llamado Óbolo
Minero que permitía realizar obras locales prioritarias a menor costo, dándoles
capacidad de gestión a los municipios y acercándolos a las empresas. Pero esto
de darle plata directamente a la población es absurdo…
A: Ese discurso lo he escuchado antes. Lo cierto es
que los gobiernos regionales y municipios reciben una cantidad gigantesca de
recursos y no logran generar desarrollo. Lo que se ha logrado es generar
corrupción y dispendio. Es sintomático que haya tantos gobernadores regionales
– especialmente aquellos de regiones mineras – que estén presos. Hay que
modificar la Ley de Canon para devolverle al ciudadano el control – al menos
parcial – de esos recursos.
M: Sin duda, la Ley de Canon es un monumento a la
inequidad. El 75% del canon minero va a solo seis regiones (Ancash, Arequipa,
La Libertad, Cajamarca, Moquegua e Ica). Y del canon de Ancash, la provincia de
Huari recibe lo mismo que la suma de las otras 19 provincias!
A: Y uno va a Huari y no te deslumbra su progreso… En
esto estamos de acuerdo. Urge modificar la Ley de Canon para que sea más
equitativo y que los beneficios lleguen a la población. Por eso, una parte del
canon debe repartirse directamente entre los pobladores.
M: Sin duda, es fundamental modificar la Ley de
Canon, pero no para entregar dádivas individuales, sino para promover
inversiones en infraestructura adecuada. Que las regiones estén impedidas de tomar
deuda contra ingresos futuros los condena a realizar obras pequeñas de poco
impacto. Pero obras importantes, que pueden involucrar incluso varias regiones son
inviables sin presupuestos multianuales que comprometan ingresos futuros.
A: Es muy peligroso comprometer ingresos futuros que
son por su naturaleza volátiles. Esa es la receta de la quiebra de los
gobiernos subnacionales, que luego tendrán que ser rescatados por el gobierno
central, generando un forado fiscal que pagaremos todos los peruanos.
M: Tú siempre tan pinchaglobos…
A: Te hablo con la experiencia. ¿O ya te olvidaste
de cómo quebraron los gobiernos regionales en Argentina justamente por darles
la libertad para endeudarse?
M: Según tu visón, las regiones no deberían hacer
nada ambicioso y contentarse con pequeñas obras. Reforma del canon sí, pero con gobiernos que busquen
materializar los beneficios para las comunidades, reduciendo así la oposición a
los proyectos mineros.
A: Parece que no nos entendemos…
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