APPs : ¿La panacea?

Dos economistas conversan sobre la necesidad de fomentar las asociaciones público-privadas (APPs) para el desarrollo de infraestructura. Aquí el diálogo entre Adamo (A), a favor de las APPs, y Maynardo (M), en contra.

A: El gobierno ha anunciado el relanzamiento del programa de asociaciones público-privadas (APPs) para acelerar el cierre de la brecha en infraestructura. Sin duda, una buena noticia ¿No crees Maynardo?

M: Me parece que hay mucho de fetiche en este tema de las APPs. Muchos creen que es una panacea, pero la verdad es que tiene un montón de problemas y yo prefiero el esquema tradicional de obra pública.

A: Tú siempre estatista… La APP es un tipo de concesión cuyo objetivo es el de asegurar la prestación por parte de un operador privado de un determinado servicio público o del uso de una infraestructura pública, respetando criterios de calidad y cobertura. Pero a diferencia de las concesiones clásicas, en las APPs el Estado contribuye en el pago del servicio u obra de infraestructura en cuestión a fin de lograr sus objetivos en forma más rápida y eficiente.

M: Eso parte del supuesto de que el sector privado es más eficiente que el sector público en la provisión del servicio o en el diseño, construcción y operación de infraestructura. Punto de partida con el cual no estoy de acuerdo.

A: Hay que ser muy terco para no reconocer que el Estado – en términos generales – y el peruano – específicamente – es muy ineficiente y por ende, mejor es entregar estas obras o servicios al sector privado.

M: Más allá de la eficiencia relativa del Estado, yo lo que veo son muchas APPs en que se trasladan todos los riesgos al sector público, donde los privados tienen ingresos garantizados a costa de inmensos subsidios estatales que ni siquiera son bien registrados en la contabilidad fiscal. La experiencia internacional al respecto es contundente: las APPs han fracasado en muchas partes del mundo, incluyendo Europa donde se inventaron. Y ni qué decir de América Latina donde todos estos procesos están manchados con escándalos de corrupción.

A: Puedo estar de acuerdo contigo en que en algunos casos, la asignación de los riesgos no es equitativa. Pero de ahí a decir que mejor es la obra pública hay un abismo! Además, ¿de qué evidencia me hablas?

M: Googlea un poco y verás infinidad de casos emblemáticos como la construcción de la cárcel de Waldeck en Alemania, la ópera de Hamburgo, carreteras en Canadá, u hospitales en Lesotho. Todos ellos, un fracaso con altísimos costos para el Estado.

A: Bueno, esos podrán ser algunos casos…

M: Mira las carreteras del programa IIRSA (interoceánicas). El monto de inversión se incrementó repetidamente y el Estado asegura un peaje mínimo al concesionario aunque por ahí no pase nadie. El Estado peruano se ha llenado de PAOs (pago anual de obras) y PAMOs (pago anual por mantenimiento y operación) que ni siquiera están bien registrados en la contabilidad de la deuda pública, pues al ser pasivos contingentes no hay un estándar aceptado de cómo contabilizarlos. Y encima, estos compromisos del Estado peruano cuentan con una Garantía de Riesgo Parcial del BID, amén de ser contratos de Estabilidad Jurídica… es como si el concesionario se hubiera comprado un bono soberano sin riesgos!

A: En una APP, la inversión se realiza de forma privada y el riesgo también lo debe correr el privado. Si no fuera así, efectivamente se genera un desequilibrio en la asignación de costos y beneficios. El beneficio público es la capacidad de poder gozar de un servicio determinado aun cuando se requiera pagar una cuota o aportación. De cualquier manera se habría tenido que pagar un impuesto para que el mismo servicio sea ofrecido por el Estado, ¿no?

M: Ahí discrepo abiertamente. Como el privado requiere una rentabilidad mayor que el sector público, ello termina generando sobrecostos que los paga o el Estado o los usuarios.

A: Eso sería cierto si y solo si el Estado fuera al menos igual de eficiente que el sector privado, hipótesis que no encuentro razonable.

M: Mira Maynardo, el sistema fue abusado y las supuestas bondades de las APPs se han disipado en un mar de corrupción y compadrazgos. No es casualidad que muchas de las principales APPs de los últimos años estén bajo sospecha. Las APPs son una forma costosa e ineficiente de financiar infraestructura y servicios públicos.

A: Esta vez tú eres el pinchaglobos…

M: Me preocupa además que algunas alianzas público-privadas pueden ser el inicio de la privatización. Me parece que, en la práctica, la mayoría de las APPs sirven para obtener subsidios o regulación más laxa. Como señala un reporte del Banco de Inversiones Europeo: “si eres un buen sector público, no deberías necesitar de APPs; si eres malo, ni te acerques a ellas.”

A: No seas tan negativo. Hay muchas experiencias de APPs exitosas. Fomentarlas nos ayudaría a cerrar la inmensa brecha de infraestructura que tenemos.

M: No seas iluso… Ahora también he escuchado que las construcciones necesarias para los Juego Panamericanos se van a hacer vía APPs. Te puedo garantizar que no llegaremos a tiempo, que no se respetarán los montos presupuestados y, por último, que acabaremos llenos de arbitrajes contra el Estado. ¿Te has dado cuenta la cantidad de arbitrajes existente contra el Estado derivados justamente de APPs?

A: Te compro el tema de que es necesario diseñar bien las APPs y que la repartición de riesgos debe ser equitativa. Pero creo que las APPs son una alternativa muy positiva a la tradicional obra pública. Mira el desastre de las carreteras del Estado en comparación con las carreteras privadas concesionadas. Si en vez de que Petroperú se lanzara directamente a la modernización de Talara, la hubiese concesionado o “apepeado”, ya estaría funcionando la desulfurizadora. El Estado es paquidérmico e ineficiente. Siempre preferiré una APP deficiente a un Estado supuestamente eficiente.

M: Wuasu…! Eso sí que es pura ideología y nada de economía.

A: De la misma forma en que tú defiendes la obra pública a rajatabla sin ver la inmensa evidencia de ineficiencia y corrupción que existe alrededor.

M: Parece que no nos entendemos…

El paquete tributario

Dos economistas conversan sobre el paquete de medidas tributarias incluidas en el pedido de facultades legislativas. Aquí el diálogo entre Adamo (A), a favor del paquete, y Maynardo (M), en contra.

M: Después de tantas idas y vueltas, finalmente el gobierno se decidió a incluir la rebaja del IGV dentro del paquete tributario. La verdad es que parece que ni ellos estaban seguros de su eficacia. Mejor lo hubieran dejado fuera, ¿no crees?

A: Reducir el IGV no solo es reactivador; además, dado que se trata de un impuesto regresivo, su reducción tendrá efectos redistributivos positivos.

M: ¿Qué? ¿Cómo es eso de que los pobres pagan más IGV que los ricos?

A: Por supuesto. Los impuestos indirectos, como el IGV, que gravan el consumo son regresivos pues los contribuyentes con menores recursos destinan una mayor proporción de sus ingresos al consumo.

M: ¿De dónde sacas eso? Si los pobres no pagan IGV cuando compran sus alimentos en el mercado! Ni cuando viajan en mototaxi! Ni cuando pagan por el alquiler de su vivienda! De hecho, el estudio de Jaramillo y Sparrow demuestra que una vez que se introduce el consumo de bienes y servicios informales, la incidencia de los impuestos indirectos es neutral. Así que no me vengas con ese cuento.

A: No es cuento! Ha hecho bien el ministro Thorne en cumplir con la palabra empeñada, y, además, bajar el IGV ayudará a formalizar.

M: Esta discusión ya la tuvimos antes…no creo que un punto de IGV modifique los incentivos ni induzca a ningún informal a formalizarse. Y más bien creo que el “combo” de menor IGV y mayor impuesto a la renta es incorrecto.

A: ¿Por qué?

M: Ponte a pensar: Lo que hizo el ministro Segura al reducir el impuesto a la renta de las empresas y subir el impuesto a la distribución de utilidades fue reducir el impuesto a la reinversión de utilidades. Revertir esto ahora para reducir el IGV no me suena que sea una medida pro-inversión.

A: Bah!! La aplicación del impuesto a la reinversión de utilidades no generó mayor inversión sino mayor elusión fiscal. Es el caso típico de buenas intenciones (y bastante teoría) pero poco conocimiento de la realidad.

M: Umm… no me convence.

A: Thorne también ha dicho que las grandes empresas simplemente no distribuyeron dividendos pero tampoco invirtieron. De hecho, la inversión privada cayó casi 5% durante el primer semestre del  2016. Es decir, ese dinero no entró en la economía y no apoyó ninguna reactivación.

M: La razón detrás de la caída en la inversión fue el shock externo que enfrentamos, pero es cierto, parece ser que la reducción en el impuesto a la renta no fue muy efectiva. Y creo que la efectividad de reducir el IGV será aún peor. Te apuesto un cebiche a que no ayudará a formalizar y que solo perderemos ingresos fiscales en forma proporcional a la reducción del IGV.

A: Hecho.

M: Otra propuesta que me preocupa es que las empresas pequeñas paguen como impuesto a la renta un porcentaje de sus ventas, en forma escalonada: por ventas de hasta 150 mil soles, pagarán 1%; por ventas entre 150 mil y medio millón, pagarán 1.5%; entre 500 mil y 1 millón, 2.5% y luego hasta 4 millones pagarán 3%. Si superan esta cifra pagarán como las grandes.

A: ¿Qué tiene de malo hacer que los impuestos sean progresivos al nivel de ventas?

M: Que nadie va a querer reportar ventas por más de 4 millones! Los regímenes tributarios que diferencian por niveles de ventas solo fomentan la elusión y son una barrera al crecimiento de los negocios formales. Las empresas tendrán el incentivo a no declarar sus ventas reales sino que las atomizarán en varias empresas para no superar los límites y pagar así menos impuestos. No es una buena idea.

A: Esta vez tú eres el pinchaglobos! Thorne también ha planteado una tasa del 10% por 10 años para las empresas que facturen menos de S/. 1,185,000 (cerca del 90% del total de empresas). Las pequeñas van a pagar un pequeño impuesto; conforme crecen, van pagando un mayor impuesto hasta que lleguen al régimen general del 30%. Eso es redistribución tributaria!

M: Pura ilusión Adamo! Es como lo que plantean para los trabajadores independientes. Ahora proponen subir las deducciones, pasando de S/. 27,650 a S/. 55,300 contra la presentación de facturas de educación, vivienda y salud.

A: Eso es muy bueno! Va a ayudar a formalizar la economía.

M: Yo feliz! Voy a tener más de 8,000 soles de ingresos adicionales al año, fina cortesía del ministro Thorne…

A: A mi parece muy adecuado. Me revienta el hecho de que mi dentista no me entregue factura o que el nido de mi hija también evada impuestos. Ahora les voy a exigir factura no solo porque le conviene al país sino porque también me convendrá a mí. Es una forma inteligente de alinear incentivos individuales para conseguir un objetivo común.

M: Iván Alonso escribió un excelente artículo donde sostiene que el tema de las deducciones es regresivo: los tramos más altos de ingresos recibirán un mayor subsidio del Estado por las facturas que presenten. Claro está: alguien que gana menos de 4000 soles mensuales, como  paga 8% de impuestos en ese tramo, solo recupera 8 soles por cada 100 soles de facturas que presente. En cambio tú que ganas más de 18,000 soles mensuales, recibirás del fisco un subsidio – es decir, menor pago de impuesto – equivalente a 28 soles por esos mismos 100 soles de facturas. ¿A eso llamas “buen objetivo común”?

A: No me refiero a la progresividad del régimen, entiendo tu punto. Me refiero a aumentar la recaudación por la vía de la formalización.

M: Pamplinas con el aumento de recaudación! Lo que pague de impuestos tu dentista será lo mismo que tú recibas del fisco, a menos que las tasas marginales sean distintas. Pero como quienes van a aprovechar este beneficio son las capas más altas de ingresos que conocen estos beneficios y presentan declaración jurada, como tú mi querido Adamo, todo este ejercicio resultará en un juego de suma cero sin incrementos de recaudación.

A: Considero que el paquete tributario solicitado por el Gobierno va en la dirección correcta: baja impuestos indirectos, sube los directos, ayudan a la inversión y promueve la formalización de la economía.

M: Parece que no nos entendemos…

¿Qué hacemos con el salario mínimo?

Dos economistas conversan sobre el reciente anuncio de no volver a elevar la remuneración mínima vital (RMV) y evaluar la posibilidad de un futuro incremento sujeto a la evolución de la economía. Aquí el interesante diálogo entre dos opciones opuestas: Maynardo (M), a favor de seguir incrementando la RMV, y Adamo (A), en contra.

M: Es una lástima que el gobierno de PPK no cumpla con su promesa de elevar el salario mínimo. Esta es una medida que favorecería a los trabajadores y que contribuiría a la reactivación de la economía. Más aún, dado que el salario mínimo todavía es muy bajo, el gobierno debería seguir aumentándolo para llevarlo a un nivel más realista.

A: No tengo claro qué entiendes por “realista”... en todo caso, lo fundamental es pensar en quién financiará el aumento. A las empresas más chicas les estarían subiendo los costos y eso las vuelve menos competitivas. ¿De dónde van a sacar la plata las empresas para hacer efectivo el aumento continuo de la RMV?

M: La plata para financiar el aumento lo ponen las empresas que, hay que recordar, están obligadas a cumplir con la legislación laboral. Y legislación sobre salario mínimo existe en casi todo el mundo, hasta en EEUU donde se ha fijado en US$ 7.25 por hora (aunque en algunos Estados éste supera los US$ 10).

A: Está claro que todos tienen que cumplir con la legislación, pero siempre va a haber empresas a las que no les alcanza la plata ¿no? Digamos pequeñas y micro empresas con baja productividad, que ya estaban con las justas, y que luego de los aumentos no van a tener cómo cumplir con la ley. Lo más probable es que se vean empujadas a dejar de contratar trabajadores en planilla y a dejarlos en la informalidad.

M: Si tu argumento fuese correcto, los países desarrollados no tendrían salario mínimo.  En estos países casi no existe informalidad laboral a pesar de existir un estricto cumplimiento del salario mínimo.

A: No se puede comparar papas con camotes. En los países desarrollados hay muchos estudios que muestran que el salario mínimo aumenta el desempleo. En el caso del Perú, los trabajos de Nikita Céspedes y Miguel Jaramillo concluyen que la informalidad laboral sí aumentó cuando se subió el salario mínimo durante la década pasada.  

M: Me extraña que la informalidad laboral haya aumentado precisamente en el período en que las empresas se beneficiaron del alto crecimiento de la economía.  Por otro lado, el aumento en el salario mínimo se paga solo.

A: ¿Cómo que se paga solo?

M: Claro pues. Cuando las empresas aumentan salarios ello incrementa el poder de compra de los trabajadores. ¿Correcto?

A: Correcto.

M: Y con millones de trabajadores con más poder de compra aumenta la demanda y se incrementan las ventas de las empresas. Y con esto las empresas recuperan con creces la plata que destinaron a incrementar los salarios. Es decir, aumentar el salario mínimo dinamiza la economía. No solo es un acto de justicia incrementarlo, ¡es un excelente instrumento para reactivar el crecimiento económico que termina beneficiando a las empresas!

A: El argumento es absolutamente falaz, Maynardo. Si fuera tan beneficioso y promotor del crecimiento, entonces deberías proponer subir el salario mínimo no a 950 soles sino a 1,500 soles o tal vez incluso a más…

M: Tú siempre tan pinchaglobos… Tu argumento es tendencioso, nadie plantea elevar el salario por encima del valor de la productividad del trabajador. Lo central aquí es que el salario mínimo tiene que aumentarse de manera periódica para compensar la inflación y las mejoras en la productividad de la fuerza laboral. Y seamos claros: el reciente aumento del gobierno de Humala no terminó de corregir el embalse existente en el salario mínimo.

A: Pero ¿no serían las propias empresas las primeras interesadas en premiar las mejoras en la productividad y compensar la inflación aumentando salarios por su propia cuenta? Si no lo hacen, perderían a sus trabajadores más productivos que podrían conseguir trabajo en otro lugar. Lo que quiero decir es que el mercado laboral se ajusta solo y sin necesidad de que el gobierno intervenga introduciendo distorsiones contraproducentes.

M: Eso es pura teoría. En la práctica, las empresas tienen mucho más poder de negociación que los trabajadores. Al trabajador no le queda sino aceptar los términos que se le impone. Y no es que un trabajador pueda encontrar trabajo al toque en otra empresa.

A: Se estima que solo 1% de la fuerza laboral gana alrededor del mínimo. En consecuencia, es solo una pequeña fracción de trabajadores la que se va a beneficiar. Pero vas a empujar a muchos trabajadores a la informalidad despojándolos de sus derechos laborales. El resultado neto probablemente sea negativo.

M: Está claro que aumentar el salario mínimo va a incrementar los ingresos de los trabajadores en las empresas formales. La diferencia está en que yo creo que eso es deseable y tú no. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que las empresas grandes y pequeñas paguen tan poco a sus trabajadores? ¿Tú podrías mantener una familia con 850 soles al mes? El salario mínimo tiene que subir, ya no se trata de teoría económica sino de paz social. Y la informalidad se combate con un Estado más fuerte que cumpla su papel de fiscalización laboral.

A: ¿Realmente crees que el bienestar de los trabajadores se arregla con un Estado policiaco que persiga a los empresarios?  La única manera que se conoce para elevar el salario real de los trabajadores en el tiempo es elevando su productividad y para eso hay que mejorar la capacitación de la mano de obra. Todo lo demás es demagogia...

M: Aquí no hay demagogia, estamos claros en que el salario mínimo tiene que tener una correspondencia con la productividad del trabajador, es innegable. La fijación del salario mínimo debe responder a reglas predefinidas, transparentes, de índole técnico y no político.

A: En eso último es lo único en que concuerdo contigo Maynardo.

M: Por eso espero que PPK cumpla sus compromisos y anuncie que subirá el salario mínimo a S/ 950 antes del fin de año.

A: Parece que no nos entendemos…

Los compromisos de PPK

Tras el primer discurso a la nación de Pedro Pablo Kuczynski como presidente de la república el pasado 28 de julio, nuestros dos economistas, Adamo (A) y Maynardo (M), conversan sobre las metas o compromisos  esbozados por el nuevo presidente. Aquí el diálogo:

A: ¡Por fin puedo terminar de escuchar un discurso presidencial de 28 julio y quedar contento!  Estoy totalmente de acuerdo con los objetivos delineados por PPK: (i) Agua y desagüe para todos los peruanos; (ii) educación pública de calidad; (iii) servicio de salud pública sensible al enfermo, oportuno y eficaz; (iv) trabajar para que al menos el 60% de los puestos trabajo sean formales al 2021; (v) construir la infraestructura requerida para el desarrollo; y (vi) luchar contra la corrupción, la discriminación, la inseguridad y el delito.  ¡Cómo no estar de acuerdo con las metas planteadas por el flamante presidente!

M: Sin duda se trata de objetivos que muchos compartimos. Tal vez es el primer presidente que ha puesto tanto énfasis en la salud, pues agua y saneamiento son instrumentos para contribuir a la salud pública. Como bien lo ha explicado Angus Deaton, premio Nobel de economía, hay un círculo virtuoso entre los niveles de salud y el desarrollo de los países.

A: En efecto, salud y educación son los pilares centrales de toda política social. Esto, más que políticas asistencialistas, es lo que necesita el  Perú. Al respecto no puedo sino aplaudir el mensaje claro de PPK en el sentido que necesitamos reducir las desigualdades en el país y que la manera de hacerlo es subiendo los ingresos de los más pobres.

M: Por otro lado, es notable que tras esbozar estos primeros tres compromisos, el presidente haya escogido hablar de la formalización. No recuerdo otro presidente que haya puesto este tema en el tope de las prioridades.

A: En efecto, el haberse puesto como norte duplicar la participación de los puestos formales en la economía en el próximo quinquenio es una meta extraordinaria. Solo podrá haber mejora de ingresos y reducción de pobreza con puestos de trabajo formales, pues son estos los que se caracterizan por mayor productividad e ingresos.

M: De acuerdo Adamo, pero aquí debo señalar una primera preocupación: la insistencia en la reducción del IGV como paso necesario para lograr esto. Ya lo discutimos anteriormente, reducir el IGV del 18% al 17% es un cambio tan marginal en la estructura de incentivos que guían la decisión de formalizarse, que no parece ser relevante. Me parece que no ataca el meollo del asunto.

A: Puede parecer un cambio marginal, pero confío en que, como ha dicho Thorne, habrá un paquete de medidas pro-formalización dentro del cual el tema del IGV es solo un elemento.

M: Me gustaría tener tu optimismo mi querido amigo, pero la experiencia internacional y peruana muestra que existe una relación directa entre la recaudación y las tasas impositivas, es decir, cuando se reduce  la tasa baja la recaudación. Y no estamos como para incrementar el déficit fiscal.

A: Esta vez tú eres el pinchaglobos….

M: Otros dos anuncios económicos que me preocupan son los referidos a ampliar las deducciones al Impuesto a la Renta de personas naturales y la de la emisión de bonos por US$ 6,000 millones que reportó el Chicago Tribune.

A: A ver, vamos por partes. Thorne ha dicho que las personas naturales podrán presentar facturas para deducir gastos, cosa que hoy no pueden y que en otros países sí se hace con mucho éxito. Esto también ayudará a formalizar la economía, pues hoy a mí me da lo mismo si mi dentista me da o no factura, no me sirve de nada. Con esta propuesta, le voy a exigir que me dé factura para deducirla de mis impuestos y con ello, cada persona natural será un agente importante en la lucha contra la informalidad y la evasión tributaria.

M: Deberías revisar el artículo de Luis Alberto Arias en Gestión del último lunes, donde señala claramente cómo en el Perú se tiene un tramo de renta no imponible muy alto con relación al ingreso per cápita respecto del resto de países de América Latina y que lo aconsejable es tener deducciones más bajas. La propuesta de Thorne es contraria a la bien sustentada posición de Arias.

A: Creo que es una visión un poco estrecha del tema. Me gusta más la idea de que las personas naturales apoyen el proceso de formalización, pero esto da para mucha discusión. Con respecto a la emisión de bonos por US$ 6,000 millones, ¿cuál es tu preocupación?

M: Que estamos endeudando al país sin tener claro en qué se va a gastar todo ese dinero. Lo prudente es ir cerrando el déficit fiscal. Aumentar la deuda sería repetir el error histórico del Estado peruano de seguir gastando igual después de una caída en los términos de intercambio.

A: Hmm, según el Banco Central, la deuda pública representa casi el 23% del PBI y  con la nueva emisión alcanzaría el 26%. Este es un nivel muy manejable que no debería afectar nuestra calificación crediticia. Mira a México…

M: Me preocupa el argumento de que México tiene el mismo rating que nosotros y, sin embargo, tiene un ratio deuda/PBI del 60%. Ese sentimiento de autocomplacencia me genera temor. Para tal caso, algún despistado podría compararnos con Japón que tiene más del 100% de deuda y tiene mejor rating que nosotros… Recuerda, lo que importa no es el nivel absoluto de deuda sino su sostenibilidad. ¿Cómo se va a pagar la deuda mañana si bajas los impuestos hoy?

A: Mi preocupación es que más gasto y mayor endeudamiento implica llevar el déficit muy por encima del tope fijado por la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal. Este país requiere de un shock de confianza, que apostemos por el individuo y por el sector privado, y no por un Estado más grande.

M: A mí no me disgusta un Estado más grande y que provea los servicios públicos necesarios, pero coincido en que es una mala señal cambiar la regla fiscal. Pone en peligro nuestra clasificación crediticia.

A: Parece que esta vez nos entendemos más que en anteriores oportunidades, tal vez sea porque estamos conversando sobre los sueños al Bicentenario y no tanto sobre la manera de alcanzarlos. Tendremos que esperar la presentación del gabinete al Congreso para tener más elementos para discutir.

¿Reducir el IGV?

Ad portas de la instalación del nuevo gobierno, dos economistas conversan sobre la conveniencia de reducir el IGV. Aquí el diálogo entre Adamo (A), a favor, y Maynardo (M), en contra.

A: Alfredo Thorne, próximo ministro de Economía, la tiene clara: hay que empoderar al individuo y no al Estado. Propone bajar progresivamente el IGV, y continuar con la reducción de la tasa del impuesto a la renta de Alonso Segura. Con ello se incentivará el esfuerzo individual, aumentará la productividad y, además, se reducirá la informalidad. El efecto final será un aumento de la recaudación tributaria. ¡Enhorabuena!

M: Ay Adamo, este cuento lo hemos escuchado ya muchas veces y siempre ha terminado mal. Por ejemplo, bajo Reagan en EE. UU., esta política –conocida como “supply side economics” o la economía del lado de la oferta– contrajo la recaudación y generó una explosión del déficit fiscal. Reducir impuestos pensando que no caerá la recaudación es una quimera económica. Además, los determinantes de la informalidad poco tienen que ver con la tasa del IGV sino más bien con los costos de hacerse y mantenerse formal.

A: ¿O sea que ahora ya ni siquiera crees que la reducción de impuestos proveerá un impulso fiscal? ¡Cómo has cambiado pelona!…

M: No habrá impulso fiscal debido a la regla fiscal.

A: ¿Cómo así?

M: De acuerdo a esta regla cuando cae la recaudación se debe restringir el gasto público. Y como en el corto plazo caería la recaudación también se reduciría el gasto público con lo que cual no habría impulso fiscal.

A: ¡Es absurdo que afirmes que una reducción impositiva no estimula a la economía! A menos que te creas el cuento de que la gente racionalmente ahorra más ante la reducción de impuestos para hacer frente a los mayores impuestos que serán necesarios en el futuro para repagar la deuda pública que se generará en el presente…

M: Yo no me creo ningún cuento Adamo. Lo que digo es que, en las actuales circunstancias, con un abultado déficit fiscal, no podemos darnos el lujo de reducir impuestos y aumentar aún más el desbalance público. Menos aún en el contexto del Brexit y de la mayor volatilidad financiera global. Esto llevaría a deteriorar nuestra calificación de riesgo y ahuyentaría la inversión privada. La reducción impositiva terminaría siendo contraproducente, pues el financiamiento del déficit público terminaría desplazando (“crowding out”) al gasto privado.  Y, en caso que no se aumente el déficit, porque se reduce el gasto público para cumplir con la regla fiscal, entonces terminamos contrayendo la economía.

A: La demanda, la demanda… Ese es tu problema Maynardo, solo te enfocas en el consumo, la inversión y las exportaciones, los componentes de la demanda; esto lleva a que tu pensamiento esté dominado por consideraciones de corto plazo. Es indispensable centrar la atención en la oferta y en el mediano plazo. La reducción de impuestos aumentará la eficiencia, promoverá el esfuerzo privado y facilitará la formalización. En suma, mayor producción y mayor recaudación.

M: Como decía Jack el Destripador, “vayamos por partes” querido Adamo. La reducción del IGV llevará a que las empresas paguen 1% menos sobre el valor agregado que generan, es decir se les va a dejar de cobrar el equivalente al 1% de su planilla y sus utilidades. Pero a este 1% se lo va a gravar con el impuesto a la renta. Y acuérdate que esto es solo relevante para las empresas que venden en el mercado interno, pues a las que exportan hace años que se les devuelve el íntegro del IGV. ¿Crees que este cambio tan marginal va a alterar la estructura de incentivos de manera tal que los empresarios decidan invertir más y que los informales consideren que ahora sí es conveniente formalizarse?

A: Acuérdate del poeta: “se hace camino al andar”. No podemos bajar el IGV de golpe, en todo lo que debería reducirse, debido al déficit fiscal del que partimos. Pero avancemos, poco a poco, en la dirección correcta.

M: ¿En la dirección correcta? A ver… al final de su gobierno, Alan García redujo en 1% el IGV ¿y qué pasó? La recaudación cayó. Hace menos de dos años, el ministro Segura anunció la reducción progresiva de la tasa del impuesto a la renta, empezando con una reducción inicial de 2 puntos, y ¿qué impacto tuvo? Bajó la recaudación, y hoy nos deja el déficit fiscal más grande de los últimos 17 años.. Hasta en el mismo MEF reconocen el error y hablan, más bien murmuran, que hay que revertir esta medida.

A: Sin duda hay que cuidar las cuentas fiscales. Pero lo que no hay que hacer es sobrecargar al sector privado para financiar programas públicos de dudosa rentabilidad social. El sector público debe ajustarse el cinturón y dejarle más plata en los bolsillos al sector privado, que gasta mucho mejor que el gobierno.

M: No es políticamente viable que el sector público se ajuste el cinturón. ¿Quieres acaso que PPK se olvide de sus promesas electorales y reduzca el gasto social? Su gobierno hereda un fuerte déficit fiscal e ingresos tributarios estancados o en caída. En este contexto es una locura reducir los impuestos para ver si “mejoramos la productividad” o “fomentamos la formalización”.

A: Los impuestos indirectos distorsionan los precios y le restan eficiencia a la economía. ¿O ya no te acuerdas de tu curso de microeconomía?

M: Sí me acuerdo y sé que el IGV es uno de los impuestos menos distorsionantes que existen, pero parece que tú no te acuerdas de tu curso de macroeconomía…

A: ¡Esta vez tú eres el pinchaglobos! No me hagas quedar como un irresponsable fiscal. Sin duda, hay que ir con cuidado en materia impositiva, pero no podemos plantear hacer más de lo mismo y esperar resultados diferentes.

M: Bla, bla, bla... Creo que sacaste buenas notas en retórica, pero no en macroeconomía…

A: Ay Maynardo, si el gasto público es tan bueno, entonces ¿por qué no propones subir los impuestos y tener un Estado más grande?

M: No me molestaría tener una presión tributaria unos puntos más alta, menos déficit y mejor calidad del gasto público…

A: Este país requiere de un shock de confianza, que apostemos por el individuo y por el sector privado, y no por el Estado.

M: Parece que no nos entendemos….

¿Cómo destrabar los proyectos mineros?

Tras la contienda electoral, dos economistas conversan sobre alternativas para destrabar los proyectos mineros. Aquí el interesante diálogo entre Adamo (A) el “liberal” y Maynardo (M) el “progresista”.

M: Durante la campaña se planteó la figura del “adelanto social” o que se realicen obras para las comunidades aledañas a los proyectos mineros de manera que puedan disfrutar por adelantado de los beneficios de la minería, reduciendo la conflictividad social y facilitando así la ejecución de los proyectos. Creo que es una buena idea.

A: Concuerdo en que si los beneficios no llegan a la población circundante y afectada por la actividad minera, no se podrá destrabar los proyectos mineros, como Conga o Tía María. Pero tengo serias dudas respecto de que ésta sea la mejor manera…

M: ¿Cuáles son tus dudas?

A: No me atrae la idea de gastar por adelantado aquello que no se tiene. Más beneficioso sería modificar la Ley de Canon para que se reparta directamente a la población y no a los gobiernos locales los beneficios de la minería. Capitalismo directo mi querido Maynardo.

M: ¿Estás pensando en un canon repartido directamente a los pobladores como en Alaska?

A: Precisamente, y para ello solo basta privatizar el subsuelo y otorgar la respectiva titulación. Esto permitiría que cada poblador negocie directamente con la empresa minera el derecho de uso o la compra de terrenos y que cada poblador reciba directamente un cheque por concepto de canon. Esto es mucho mejor que el esquema actual donde la “comunidad campesina” es quien negocia y administra los recursos. Estos entes colectivistas han demostrado que solo funcionan en las utopías de izquierda pero no en la realidad.

M: Yo no creo que esa sea la solución. ¿Qué razón tienes para pensar que darle dinero a los pobladores es mejor que diseñar y ejecutar buenos proyectos de inversión para las comunidades? Lo que probablemente sucedería es que la gente dirija estos ingresos al consumo sin dejar nada para la comunidad, privilegiando el beneficio individual y no el colectivo. Además tu propuesta es poco práctica porque requeriría un cambio constitucional.

A: Si es necesario cambiar la constitución pues hay que hacerlo. Además, no estoy planteando que los gobiernos subnacionales reciban cero de canon, solo que una parte de los recursos que hoy reciben por este concepto se convierta en pagos individuales a los pobladores, generando los incentivos correctos para facilitar la inversión minera.

M: Esa es una utopía liberal que funciona en libros de texto o en Alaska pero no en la sierra peruana. Para empezar, no existe titulación y nadie sabe a ciencia cierta de quién son los terrenos o si son simplemente colectivos. Segundo, es casi imposible identificar quién vive dónde para no hablar de la migración. Además, con estos incentivos mucha gente regresaría a instalarse cerca de las minas generando así mayor conflictividad. Finalmente, ¿dónde pones el límite de quiénes compensas? ¿A los de la comunidad, el distrito, la provincia…?

A: La ausencia de derechos de propiedad individuales, característico de las comunidades ancestrales, es una barrera al desarrollo y a la eficiencia económica.

M: Bla, bla, bla. Los principales opositores a los grandes proyectos mineros ni siquiera viven cerca de las minas. La comunidad de Porcón – vecina de Yanacocha – ha tenido una relación amigable y simbiótica con la mina; en cambio, la oposición a Conga provino de zonas lejanas al radio de influencia del proyecto.

A: ¿Cuál es tu receta entonces mi querido “progre”?

M: El problema nace con la ausencia de Estado y la falta de servicios públicos que ahora las comunidades demandan a los inversionistas. Paradójicamente, el actual gobierno desmanteló el llamado Óbolo Minero que permitía realizar obras locales prioritarias a menor costo, dándoles capacidad de gestión a los municipios y acercándolos a las empresas. Pero esto de darle plata directamente a la población es absurdo…

A: Ese discurso lo he escuchado antes. Lo cierto es que los gobiernos regionales y municipios reciben una cantidad gigantesca de recursos y no logran generar desarrollo. Lo que se ha logrado es generar corrupción y dispendio. Es sintomático que haya tantos gobernadores regionales – especialmente aquellos de regiones mineras – que estén presos. Hay que modificar la Ley de Canon para devolverle al ciudadano el control – al menos parcial – de esos recursos.

M: Sin duda, la Ley de Canon es un monumento a la inequidad. El 75% del canon minero va a solo seis regiones (Ancash, Arequipa, La Libertad, Cajamarca, Moquegua e Ica). Y del canon de Ancash, la provincia de Huari recibe lo mismo que la suma de las otras 19 provincias!

A: Y uno va a Huari y no te deslumbra su progreso… En esto estamos de acuerdo. Urge modificar la Ley de Canon para que sea más equitativo y que los beneficios lleguen a la población. Por eso, una parte del canon debe repartirse directamente entre los pobladores.

M: Sin duda, es fundamental modificar la Ley de Canon, pero no para entregar dádivas individuales, sino para promover inversiones en infraestructura adecuada. Que las regiones estén impedidas de tomar deuda contra ingresos futuros los condena a realizar obras pequeñas de poco impacto. Pero obras importantes, que pueden involucrar incluso varias regiones son inviables sin presupuestos multianuales que comprometan ingresos futuros.

A: Es muy peligroso comprometer ingresos futuros que son por su naturaleza volátiles. Esa es la receta de la quiebra de los gobiernos subnacionales, que luego tendrán que ser rescatados por el gobierno central, generando un forado fiscal que pagaremos todos los peruanos.

M: Tú siempre tan pinchaglobos…

A: Te hablo con la experiencia. ¿O ya te olvidaste de cómo quebraron los gobiernos regionales en Argentina justamente por darles la libertad para endeudarse?

M: Según tu visón, las regiones no deberían hacer nada ambicioso y contentarse con pequeñas obras. Reforma del canon sí, pero con gobiernos que busquen materializar los beneficios para las comunidades, reduciendo así la oposición a los proyectos mineros.

A: Parece que no nos entendemos…

¿Maldito SNIP?

Tras la contienda electoral, dos economistas conversan sobre la conveniencia de eliminar el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Aquí el diálogo entre Adamo (A), a favor, y Maynardo (M), en contra.

A: ¿Recuerdas las ofertas electorales? Se ha ofrecido eliminar el famoso SNIP, instrumento utilizado por el MEF para filtrar centralistamente la inversión pública y limitar el accionar de los gobiernos locales. ¡Por fin se va a atender a un clamor de los alcaldes y gobernadores regionales!

M: Otra vez la “piñata” del SNIP. Como si fuera el culpable de la falta de inversión en las regiones y municipios…

A: El SNIP fue un invento del MEF para controlar y obstaculizar el gasto público. Maynardo, se nota que tú nunca has tenido que lidiar con los “sabios” del MEF que te paran los proyectos y te exigen pasar por filtros y cálculos de rentabilidad que lindan con lo absurdo.

M: El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) se creó en el año 2000 justamente para mejorar la calidad de la inversión pública y evitar despilfarrar el dinero de todos los peruanos.  Antes del SNIP el Estado ejecutaba proyectos sin estudios técnicos apropiados. El SNIP aplicó herramientas de evaluación de costo-beneficio para asegurar la rentabilidad social de los proyectos y su sostenibilidad.

A: Bla, bla, bla. Deberías leer la reseña que hace Alberto Pascó Font de cómo la instalación del sistema de aire acondicionado en el aeropuerto de Piura le tomó al MTC más de cuatro años (!) justamente por lo engorroso que es el SNIP. ¿No es acaso obvio el beneficio de tener aire acondicionado en un aeropuerto que era un sauna?

M: Es posible que le falte agilidad al sistema. Pero cuidado con pensar que los problemas en la gestión del Estado –sobre todo, debido a burócratas que no deciden– se deben al diseño del SNIP.  

A:  ¿De qué hablas?

M: ¿Ya no te acuerdas del parque al árbitro o los monumentos a la maca o al lagarto? ¿O del mirador de Tambopata en Madre de Dios?

A: ¿Qué tiene de malo un mirador si la población que allí vive lo valora? ¿Acaso los miradores son solo para los ricos?

M: El mirador costó S/ 2 millones. Su mantenimiento costaba S/ 200,000 mensuales. Y tiene un ascensor que no funciona por el alto costo de la electricidad. Todo esto en una región que tenía más de 20% de analfabetismo y en que solo un tercio de la población tiene acceso a agua potable.

A: Siempre puede haber proyectos malos.

M:  Antes del SNIP, lo que existía eran obras sobredimensionadas, duplicidad de inversiones, y una ausencia absoluta ausencia de criterios rentabilidad social en la selección de los proyectos. Además, a menudo se generaba obligaciones financieras no previstas para el Estado en asociaciones público-privadas. Es decir, antes del SNIP lo que había era un despilfarro mayúsculo y, probablemente, corrupción desembozada.

A: Te compro el argumento de la baja eficiencia en la inversión pública antes del SNIP, pero no podrás negar que, durante muchos años, el SNIP se utilizó para frenar el gasto público y generar un superávit fiscal. ¿Qué mejor manera de evitar gastar que imponer reglas engorrosas que casi nadie podía cumplir? A Dios gracias, hoy parece que el SNIP tiene los días contados.

M: Considero que eliminar el SNIP sería un grave error. Además de facilitar la corrupción, tiene un tufo populista que no sabes cuánto me desagrada.

A: Como decía un querido profesor mío: “Machu Picchu nunca se hubiera hecho si los incas hubieran tenido SNIP”.

M: Jajaja, está buena.

A: Es hora de eliminar esta herramienta de control cuasi colonial que impone el MEF al resto de la administración pública. El SNIP fomenta el centralismo de las decisiones y asegura la hegemonía del MEF sobre las más de mil autoridades democráticamente elegidas, que no pueden invertir sus recursos en forma descentralizada.

M: ¿Cuántas veces he escuchado  “hay que descentralizar el SNIP”? Hay mucha ignorancia y demagogia en estos discursos mi querido Adamo. ¡Hace años que el SNIP está descentralizado! Sólo van al MEF los proyectos que incluyen aval del Tesoro o que se financian con endeudamiento público externo. Los municipios y gobiernos regionales tienen total autonomía para aprobar sus proyectos en las oficinas descentralizadas del SNIP (llamadas OPIs) y sin límites de monto.

A: No sabía…

M: La verdad es que el SNIP de hoy no es ni la sombra del SNIP original en términos de exigencia a los proyectos. El gobierno de García –antes de irse– aprobó medidas para “agilizar” el SNIP entre las que se cuentan la eliminación de los estudios de prefactibilidad y otras perlas. Hoy día el SNIP es una versión “light” de lo que existía originalmente y nadie puede culparlo de la lentitud o la falta de capacidad de gestión de los funcionarios públicos.

A: Aceptemos que en teoría el SNIP es un instrumento que permitiría mejorar la eficiencia de la inversión pública. Pero lo que constatamos es que no ha servido para impedir la construcción de grandes “elefantes blancos” como la Interoceánica, Talara o el Gasoducto del Sur. Más bien, ha sido usado como una herramienta para obstaculizar el gasto en obras pequeñas como escuelas o postas médicas a lo largo y ancho del país. ¿Paradójico, no? Ha sido incapaz de frenar obras faraónicas de dudosa rentabilidad social, pero le ha quitado autonomía a las autoridades sub nacionales para invertir en pequeñas obras demandadas por la población.

M: Precisamente estos proyectos no han pasado por el SNIP. A la Interoceánica se le eximió del SNIP. Talara y el Gasoducto han pasado por ProInversión. El Perú está lleno de obras mal diseñadas, que presentan baja o nula rentabilidad social y que han implicado un despilfarro de recursos inaceptable. Creo que lejos de optimizar el proceso de inversión pública, desactivar el SNIP haría que el Perú retrocediera dos décadas en materia de gestión de los recursos públicos.

A: Este país requiere de un shock de inversiones públicas para cerrar brechas de infraestructura y reactivar la economía. Y el SNIP es una traba innecesaria que en la práctica no ha demostrado promover mejores inversiones. ¡Liberemos las cadenas que atan la inversión!

M: Parece que no nos entendemos….